Qué es el sindicato de las prostitutas y por qué existe

En Argentina la organización gremial de personas que ejercen el trabajo sexual tiene nombre propio: la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina, conocida por sus siglas AMMAR, y su brazo sindical, el Sindicato de Trabajadoras Sexuales. Nació a mediados de los años noventa en la Ciudad de Buenos Aires, cuando un grupo de trabajadoras empezó a juntarse para responder a las razias policiales, las detenciones por edictos y el trato arbitrario en las comisarías. Lo que empezó como una mesa de contención se convirtió en una estructura con personería gremial en discusión y presencia en casi todas las provincias.

La lógica es la misma que la de cualquier gremio: negociar condiciones, exigir reconocimiento y sacar del terreno de la moral lo que en realidad es una relación laboral. El sindicato no promueve el ejercicio del trabajo sexual ni lo condena; defiende a quienes ya lo hacen. Esa distinción es clave para entender por qué sus reclamos giran alrededor de la salud, la seguridad y el acceso a la justicia, y no alrededor de la legalización sin más.

Un dato que suele sorprender: el sindicato tiene sede propia, consultorio, asesoría legal y hasta una cooperativa de trabajo que ofrece servicios de formación. No es una ONG asistencialista ni un colectivo informal. Tiene estatuto, afiliación, cuota y congreso.

Qué cambió con la derogación del artículo 71 del Código Contravencional

De la contravención al trabajo no registrado

Durante décadas, el artículo 71 del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires permitió detener a personas por “ofrecerse en la vía pública”. Las detenciones se hacían por edictos policiales, sin orden judicial, y solían terminar en multas o encierros de fin de semana. La derogación de ese artículo, en 2009, y la posterior sanción de la Ley 5.301 en la Ciudad cambiaron el marco: hoy el trabajo sexual autónomo de personas adultas no es delito, pero tampoco está reconocido como empleo formal. La consecuencia práctica es una zona gris que el sindicato viene señalando desde entonces: no hay aportes, no hay obra social, no hay ART, y la mayoría trabaja sin contrato.

La ley nacional 26.364, modificada luego por la 26.842, penaliza la trata de personas y el proxenetismo. Ese es el límite que el sindicato defiende con más insistencia: la diferencia entre quien ejerce por decisión propia y quien es explotada por un tercero. En los allanamientos, esa distinción se juega en minutos y suele resolverse mal. Por eso AMMAR pide protocolos de actuación para las fuerzas de seguridad y capacitación para el poder judicial.

Qué reclama hoy el gremio

Los pedidos concretos se repiten desde hace años: reconocimiento como trabajadoras, acceso al monotributo, cobertura de salud a través de una obra social y protección frente a la violencia institucional. También piden que se regule el alquiler de espacios donde se trabaja, porque el precio de una habitación o de un departamento suele duplicar el de cualquier otro alquiler residencial cuando el locador sabe para qué se usará.

Cómo se organiza una trabajadora sexual en la práctica

Mayorca, una trabajadora de la zona sur del conurbano, cuenta que lo primero que hizo al afiliarse fue pedir asesoramiento para hacer la denuncia contra un cliente que la había golpeado. En la comisaría le dijeron que no podía denunciar porque “no era un hecho laboral”. Con el acompañamiento del sindicato, la denuncia se radicó como lesiones y avanzó. Ese tipo de situación, repetida miles de veces, es la razón de existir de las delegaciones provinciales.

El sindicato ofrece tres servicios concretos: asesoría jurídica gratuita, capacitación en derechos y prevención de VIH e ITS, y un espacio de escucha para situaciones de violencia. También acompaña en la tramitación del DNI, algo que muchas personas que ejercen en situación de calle no tienen al día.

Para quienes recién empiezan, la recomendación práctica es siempre la misma: no entregar documentación a terceros, no aceptar condiciones impuestas por un “gerente” que cobra por adelantado y registrar por escrito cualquier acuerdo de alquiler de espacio. El sindicato insiste en que el primer paso es saber que no se está sola, y que existen canales formales para denunciar abusos sin quedar expuesta.

Otra cuestión práctica tiene que ver con la salud. El sindicato distribuye preservativos, hace testeos gratuitos y ofrece talleres sobre consentimiento y límites. En los talleres se habla, por ejemplo, de los traumas que aparecen con los años y de la importancia de tener una red de contención. No es un tema menor: muchas trabajadoras llegan al gremio después de años de ejercer sin hablar con nadie de lo que les pasa.

Qué pasa en el interior: Río Cuarto, Goya y las delegaciones provinciales

El sindicato no es solo un fenómeno porteño. Tiene delegaciones activas en Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos y el NOA. En Río Cuarto, por ejemplo, la delegación trabaja con el hospital público para garantizar el acceso a controles sin discriminar a las afiliadas. En Goya, Corrientes, la sede local funciona dentro de una casa que también aloja a personas en situación de vulnerabilidad y coordina con la municipalidad para evitar operativos sorpresa.

Las diferencias regionales son enormes. En una ciudad universitaria como Río Cuarto, el trabajo sexual se concentra cerca de la ruta y de los bares nocturnos; en localidades más chicas, como Goya, el vínculo con la comunidad es más cercano y el control social más fuerte. Eso condiciona todo: desde el precio de un servicio hasta la posibilidad de denunciar sin que el pueblo entero se entere.

Por eso las delegaciones insisten en algo simple: que la ley se aplique igual en todos lados. Que una trabajadora de la ciudad de Córdoba y otra de Goya tengan el mismo acceso a la justicia y a la salud. Ese es, en definitiva, el corazón del reclamo sindical. No se trata de una cuestión moral sino de derechos que ya están reconocidos en la Constitución y que todavía, en la práctica, se aplican a medias.